El Gobierno puso en rigor la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje argumentando que dicha norma garantizará que se incrementen las inversiones que realicen empresarios extranjeros y privados en el país. El empresariado nacional está de acuerdo con la norma porque fue elaborada en consenso.
«Ahora promulgamos esta norma de arbitraje y conciliación que también dignifica a los bolivianos (…). Saludo de verdad este trabajo conjunto entre el sector inversionista, tenemos una ley para inversión y conciliación, digna, con mucha ética en Bolivia y soberanía, ahora ningún sector empresarial puede quejarse sobre que no hay garantías ni seguridad jurídica», aseguró el presidente Evo Morales en el acto de promulgación de la norma.
Morales dijo además que la norma dignifica a los bolivianos porque brinda equidad y seguridad a las partes y reconoce el laudo arbitral extranjero a ser ejecutado según normas sobre cooperación judicial internacional y bajo leyes bolivianas.
La autoridad añadió que el objetivo de esta ley es regular la manera en que se pueden conciliar disputas comerciales y el marco legal para someter un conflicto a un arbitraje. Ambos son «vías alternativas» para resolver controversias que puedan surgir de una relación contractual o extracontractual.
Dijo que la nueva ley impulsará aún más el crecimiento de la economía en Bolivia, que dará paso a la «conciliación extrajudicial» como un medio alternativo a la justicia ordinaria. Esa conciliación estará basada en voluntariedad, flexibilidad y oralidad para que las partes resuelvan su conflicto y para que el acuerdo de los interesados sea garantizado.
En el acto estuvieron presentes el procurador general, Héctor Arce, quien manifestó que esta ley establece un régimen que defiende la soberanía del Estado y que «prioriza el instituto de la conciliación para resolver controversias y le asigna la calidad de cosa juzgada a las actas de conciliación».
EMPRESARIOS SE PRONUNCIAN
Los empresarios también consideraron a la norma como positiva. Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que la ley implica un «avance importante».
«Creo que esto organiza el proceso arbitral que necesitaba profundizarse en Bolivia y también va a facilitar las exportaciones, va a ayudar a promover que tanto a la inversión privada nacional y la inversión extrajera pueda aumentar en Bolivia. Como un sistema alternativo a resolución de controversias», expresó Cáceres.
La norma permite que empresarios que hayan hecho inversiones puedan acudir al ámbito de la conciliación y arbitraje si consideran que sus derechos han sido violentados. La ley fue promulgada ayer después de un largo debate en el Legislativo.
EXCEPCIONES
La ley establece 13 exclusiones en las que los empresarios no podrán acudir a este mecanismo: cuando se trate de propiedad de recursos naturales; títulos otorgados sobre reservas fiscales; temas de interés público y de administración del Estado que no son ni conciliables ni arbitrales; tributos y regalías; contratos administrativos; acceso a servicios públicos; licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados; cuestiones que afecten el orden público; cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial, firme, definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución; las cuestiones que versen sobre el Estado y la capacidad de las personas; cuestiones referidas a bienes o derechos sin previa autorización judicial; cuestiones concernientes a las funciones del Estado; cuestiones que no sean objeto de transacción y cualquier otra determinada por la CPE o la ley.
